Perpetua a ex policía por el crimen en un patrullero

LA MUERTE DE DARIAN BARZABAL
Perpetua a ex policía por el crimen en un patrullero
Se trata de Santiago Regalía. También quedó preso Iván Martínez. Hubo dos absueltos

Un ex sargento de la Policía Bonaerense fue condenado ayer a prisión perpetua al ser hallado culpable del disparo mortal en la cabeza a un menor de 17 años, cuando lo llevaba esposado en el patrullero, luego de haber sido detenido acusado de un robo en la casa de Los Hornos.

La severa pena la impuso el Tribunal en lo Criminal IV de La Plata, que por unanimidad condenó a prisión perpetua al ex sargento Santiago Regalía y a 5 años de prisión por encubrimiento agravado al ex teniente primero Iván Martínez, a quien le revocó la excarcelación y quedó detenido.

El Tribunal -integrado por los jueces Emir Caputo Tártara, Juan Carlos Bruni (h) e Inés Siro- condenó además por encubrimiento a 3 años de prisión en suspenso al ex jefe de la comisaría de Los Hornos, Eduardo Zaffino y a Christian Gutiérrez, el policía que conducía el patrullero.

En un meduloso voto, de casi 100 fojas, el presidente del Tribunal, Caputo Tártara, concluyó que "quedó acreditado que Regalía disparó en la cabeza con su arma reglamentaria, a Darián Barzábal, mientras lo amedrentaba".

Es que Barzábal fue detenido el 9 de enero de 2007 cuando había ingresado, junto a dos cómplices, a robar a la casa del policía, Luis Doratto.

Según se acreditó, Doratto detuvo al joven y pidió apoyo a la comisaría tercera, por lo que llegaron al lugar los oficiales Gutiérrez y Regalía.

Según el Tribunal, el menor fue detenido, esposado y subido al patrullero, "pero previo a dirigirse a la comisaría los policías hicieron una recorrida" con la finalidad de dar con los cómplices del joven.

"En tales circunstancias, Regalía que acompañaba al aprehendido en la parte trasera, mientras lo amedrentaba, extrajo su arma reglamentaria con la que le efectuó un disparo en la cabeza", se describió en la sentencia.

También se explicó que el patrullero luego se dirigió a la comisaría donde asciende el jefe de turno, Iván Martínez, para trasladarse luego al Hospital San Juan de Dios, donde dejaron al herido previo sacarle las esposas.

En el fallo se destacó que Regalía se quedó en el hospital, mientras que los otros dos policías regresaron a la comisaría "ocasión en la que empiezan a materializar una maniobra ilícita".

"PLANTAR EL PERRO"

Los jueces dieron por acreditado que Martínez "plantó" un revólver en el patrullero que había sido secuestrada en la casa de un vecino de Los Hornos que murió por muerte natural.

"Habiendo (en la jerga) `plantado el perro`, es decir colocado ardidosamente sobre el ensangrentado piso del patrullero el revólver calibre 32 que se hallaba secuestrado en la seccional", sostuvieron los jueces.

Los magistrados tuvieron en cuenta el relato de Doratto, quien declaró que Martínez le dijo "si a vos te preguntan algo, decí que estaba sin esposas. Es para que el malandra quede pegado. Hay que salvar a un compañero".

También hicieron referencia al testimonio de Gutiérrez, el policía que manejaba el móvil, quien declaró que Regalía le decía al joven "dale, dale cantá dónde está el otro" y agregó que a las "8 ó 10 cuadras" escuchó un tiro.

"Regalía lo venía apretando, yo justo le iba a tocar la rodilla para que afloje y en ese momento escucho el disparo", declaró Gutiérrez y agregó que su compañero empezó a gritar "lo maté, lo maté".

Añadió que se comunicó por radio a la comisaría y pasaron a buscar a Martínez, jefe de turno, quien le dijo: "quedate tranquilo, no pasa nada".

Al momento de graduar la pena, el Tribunal consideró que Regalía es autor de "homicidio calificado" por ser policía y abusar de su función", mientras que en las condenas por encubrimiento agravó la de Martínez "por tener un rol protagónico" para distorsionar el hecho.

Además el Tribunal absolvió a los ex policías Carlos Daniel Morales y Lucas Oyarzábal, por entender que no tuvieron relación en el encubrimiento.

MANO DURA:EL EXTERMINIO DE LOS JOVENES

SOCIEDAD › INFORME ANUAL DE LA CORREPI SOBRE REPRESION
La violencia estatal
Cada 28 horas muere una persona en el país debido al accionar de las fuerzas de seguridad del Estado, según el décimo cuarto informe presentado ayer en un acto en Plaza de Mayo por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). El archivo de 2009 “es un relevamiento de todos los casos que se conocen en los que el aparato represivo del Estado mata, a través de sus distintas agencias y usando diversas modalidades”, detalla el informe. El trabajo registra un total de 2826 personas que murieron como consecuencia de la represión de las fuerzas policiales desde diciembre de 1983. Además, expone que, desde enero hasta octubre del presente año, se registraron un promedio de 20 muertes por mes, que hacen un total de 200 casos durante 2009. El repudio contra las políticas represivas y la propuesta de generar una herramienta de concientización y acción contra este sistema que “afecta especialmente a los sectores más vulnerables” es el objetivo de la construcción de este archivo.

Las modalidades represivas que detalla el informe, denominado “Más crisis, más represión”, remiten a “prácticas ilegales” utilizadas por las diversas fuerzas de seguridad estatal y “privadas” que, aun en democracia, se sustentan de ellas “para disciplinar a la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación”. El “gatillo fácil; muertes en cárceles y comisarías (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos); fusilamiento en movilizaciones u otras protestas; muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en los que el autor utiliza, para ‘resolver’ un conflicto interno o familiar, los recursos represivos del Estado); causas fraguadas o consecuencia de otros delitos, y otras circunstancias (desapariciones, etc.)”, conforman la lista de recursos usados por la policía.

Según el archivo, aunque es “imposible” calcular “la cifra negra” del gatillo fácil y de la muerte en cárceles y comisarías, los casos registrados por esta modalidad (1453, sobre un total de 2826) superan ampliamente a los asesinados en movilizaciones populares o protestas, que suman un total de 52 víctimas, desde 1983. Además, el análisis permite demostrar que “los jóvenes son el blanco favorito” de esas políticas: “Más de la mitad de las muertes corresponde a varones pobres de menos de 25 años, y el 30,5 por ciento del total tenía 21 años o menos”.

La Correpi también cuestiona el proyecto de Código Contravencional en el que trabaja el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el que se incluyen sanciones a personas con “actitud amenazante” o que vistan atuendos que ocultan el rostro e impidan su identificación; introduce artículos destinados a frenar las protestas y le atribuye a la policía el permiso de detener a menores de 14 años sin autorización judicial. María del Carmen Verdú, representante de Correpi, informó a Página/12 que con esta medida “no sólo no se está cumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –en el caso de Walter Bulacio, muerto en una comisaría–, sino que permite introducir figuras más amplias y confusas”. El fallo de la Corte ordenó derogar ese tipo de contravenciones y la averiguación de antecedentes, pero hasta la fecha la Argentina no cumplió con la sentencia. “En el marco de esas detenciones arbitrarias se produce la mayoría de las muertes en las comisarías”, resaltó Verdú.

La Correpi presentó ayer el informe en la Plaza de Mayo, en donde se realizó una concentración que contó con el apoyo de organizaciones sociales, universitarias y secundarias y con la participación de distintos grupos de trabajadores, como el cuerpo de delegados del subte, la comisión interna de Kraft (ex Terrabusi) y del Indec, entre otros.

Informe: Rocío Ilama.

Luciano Arruga, el nuevo Miguel Bru

desaparecido el 31 de enero, lo vieron por última vez en un destacamento policial
Luciano Arruga, el nuevo Miguel Bru
Su caso es similar al del estudiante de periodismo asesinado por una patota de la bonaerense en 1993. “Lo golpearon hasta matarlo”, dijo un testigo que coincidió con él en una seccional de Lomas del Mirador. Tenía 17 años y había vuelto al colegio.
“Estoy con un amigo”. Eso fue lo último que le dijo Luciano Nahuel Arruga a su madre Mónica antes de salir de su casa del barrio 12 de Octubre en Lomas del Mirador. Cuatro horas después, desapareció. Desde el 31 de enero pasado no hay rastros de él. La familia apunta al destacamento policial de Lomas del Mirador: se basan en el accionar policial porque un testigo que estuvo detenido el mismo día de la desaparición de Luciano dijo haberlo visto en la comisaría de la zona “con muchos golpes y muy mal. Lo golpearon hasta matarlo”. Vanesa Arruga sostiene que su hermano era constantemente perseguido por la policía que “siempre lo paraba en la calle por portación de cara, lo maltrataban y agredían verbal y físicamente”.

En la madrugada del sábado 31 de enero, Luciano fue a visitar a Oscar, un amigo del barrio. Al llegar a la puerta tocó timbre, pero cuando Oscar fue a atender Luciano ya no estaba en la vereda. “Hay vecinos que lo escucharon gritar ‘no quiero agarrar eso, no es mío’”, dijo su hermana Vanesa Orieta.

El 28 de febrero Luciano cumplió 17 años. Vivía en una casilla humilde de Lomas del Mirador con su madre y dos hermanos: Mario, de 13, y Mauro, de 10 años. A la tarde se juntaba con los amigos. Según su hermana “no estaba metido en ningún quilombo”. Había decidido arrancar la secundaria. En una pierna se había tatuado el nombre de su hermana, “Vane”, y en el brazo izquierdo la letra “M”, de mamá.

“Si se confirma que Luciano estuvo detenido en la comisaría estamos ante un caso parecido al de Miguel Bru (un estudiante de periodismo de 23 años desaparecido en 1993, que murió torturado en una comisaría platense según se probó en un juicio oral y público). Luciano era menor y no podían tenerlo detenido. Pasa muchas veces que a la policía se le va la mano y luego hacen desaparecer el cuerpo”, dijo Pablo Pimentel, abogado de la familia Arruga y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza.

Luciano siempre volvía a dormir a su casa. Pero la noche del 31 de enero no regresó. Entonces su madre hizo la denuncia en el destacamento de Lomas del Mirador. Vio cómo el policía le tomaba testimonio. Firmó el documento pero no le dieron una copia. “Cuando mi mamá llegó a casa le pregunte si le habían dado un duplicado de la declaración y me dijo que no. Enseguida fui a buscar el documento a la comisaría y le habían agregado cosas que ella no había dicho. Por ejemplo que mi hermano fumaba marihuana y que tenía antecedentes por robo”, dijo Vanesa.

Luciano estuvo detenido en septiembre del año pasado por averiguación de antecedentes. En esa oportunidad, contó que los policías lo habían golpeado y le habrían dicho “vos, negrito de mierda, vas a terminar en un zanjón”.

“Las amenazas eran constantes. Un día le pusieron la 9 milímetros en el pecho y le dijeron ‘negro, quedate quieto porque si no te lo vuelo’”, explicó la hermana.

Los familiares también declararon que a los pocos días que Luciano desapareció pintaron algunas paredes de la comisaría. “Cuando fui a buscar la copia de la declaración de mi mamá había un oficial que con una manguera limpiaba las paredes. Limpiaron la escena del crimen”, dijo Vanesa.

La causa cambió de fiscal y avanzó. “Cecilia Cejas hizo en tres días lo que Roxana Castelli no hizo en 35. Ahora se designó un grupo especial de investigadores que no tiene nada que ver con la policía local. Esperemos que haya novedades en los próximos días”, explicó Pimentel.

El destacamento de Lomas del Mirador fue inaugurado el 26 de septiembre de 2007 por el pedido de Valomi (Vecinos en Alerta de La Matanza). “Los familiares de Arruga me acusan de que yo tengo algo que ver con la desaparición de Luciano porque yo inauguré el destacamento. No quiero opinar sobre este tema porque no tengo buena relación con la familia. Siento mucho lo que está pasando. Acá, en Lomas del Mirador, no hay ningún chico amenazado”, dijo Gabriel Lombardo, presidente de Valomi.

En la marcha que se realizó el 6 de marzo en Lomas del Mirador para reclamar justicia por la muerte de Hernán Landolina, familiares y amigos de Luciano asistieron a pedir lo mismo. Llevaron carteles que mostraban la foto del joven desaparecido pero quedaron a un costado. “Cada vez que las cámaras de televisión enfocaban la foto de mi hermano, Lombardo se ponía como loco. Este señor miente. Es verdad que hay pibes amenazados por la policía: hace poco un amigo de Luciano estaba juntando cartones y un policía de Don Bosco lo paró y lo obligó a que se volviera al barrio de él. El chico respondió que estaba trabajando, el cana sacó el arma lo apuntó y le dijo: ‘Pendejo, el horno no está para bollos, tomatela o te tiro”, explicó Vanesa.

“Ya hubo antecedentes en La Matanza de torturas y muerte dentro de una comisaría. En la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza hemos recibido denuncias de familiares que sus hijos son usados por la policía para robar”, declaró Pablo Pimentel. “Estamos trabajando en la búsqueda del chico. La gente sabe que lo hemos buscado por los lugares que frecuentaba. Lo que se tenga que investigar que se investigue. Acá no hay nada raro”, aseguró el teniente primero de la Departamental de Lomas del Mirador, Ariel Herrero.

“Hablando con los familiares de Luciano nos llamó la atención la similitud con la desaparición de Miguel, porque en este caso también hay un testigo que lo vio detenido adentro de la comisaría. Estamos en un momento muy difícil: antes cuando había una persona desaparecida salía en todos los medios; ahora la información es ignorada y escondida. La gente pide más policías, pero resulta que en cada hecho hay un efectivo involucrado. Poner más policías en la calle no es la solución”, Rosa Schonfeld, madre de Miguel Bru.
Los familiares abrieron una cuenta de mail: dondeestaluciano@gmail.com para recibir información sobre el caso.

LA MARCHA DEL MIERCOLES LA CONVOCA LA HIJA DEL GENERAL GUGLIELMI, ACUSADO POR TORTURAS

LA MARCHA DEL MIERCOLES LA CONVOCA LA HIJA DEL GENERAL GUGLIELMI, ACUSADO POR TORTURAS
La seguridad que muestra la hilacha

La convocatoria contra la inseguridad está organizada por Constanza Guglielmi. Su hermana fue asesinada frente al golf de Palermo y todo apunta contra un conocido. Pese a los anuncios, Susana Giménez y Marcelo Tinelli descartaron su participación.

Por Raúl Kollmann

El rumor se empezó a difundir, pero nadie sabía de dónde venía: Susana Giménez y Marcelo Tinelli participarían, el miércoles próximo, de una marcha a Plaza de Mayo contra la inseguridad. Ni siquiera estaba claro quién estaba detrás de la movida. Recién el jueves pasado se conoció que una ONG, con el inocente nombre de Mejor Seguridad (MS), era la que había tirado las líneas hacia los divos de la tele. MS es encabezada por Constanza Guglielmi, cuya hermana menor fue asesinada en los bosques de Palermo cuando, extrañamente, la interceptaron en momentos en que llevaba a un banco la recaudación de la confitería del Club de Golf. La hija del general Alejandro Guglielmi, acusado por su participación en el centro de detención clandestino conocido como El Campito, no tiene una mirada de la cuestión de seguridad despojada de pasiones: califica a Néstor y Cristina Kirchner como “la retroprogresía”, “los que adscriben a la consigna setentista cuanto peor, mejor”, “los profetas del odio”, todas definiciones que no parecen tener relación con la lucha contra el delito.

El crimen de María Pía Guglielmi, en 2006, nunca fue esclarecido. La hermana menor de Constanza llevaba en su Civic la recaudación del viernes, sábado y domingo, los días más fuertes de trabajo de la confitería del Golf, de la que ella tenía la concesión. El caso fue extraño por varios motivos:

- Porque parece cantado que alguien de adentro de la confitería o la familia dio el dato de que todos los lunes María Pía llevaba la recaudación al banco. Por lo tanto, la hipótesis primaria fue –y sigue siendo– la del robo.

- La interceptación se hizo con una camioneta Renault Trafic, pero María Pía aceleró a fondo y le habrían disparado por ese motivo.

- Constanza sostiene que el hecho de que se haya utilizado una camioneta podría indicar que se trataba de un secuestro. La hipótesis no es descabellada, pero la hora –pleno día– y el lugar –Bosques de Palermo– no parecen los más adecuados para un secuestro.

- Por último, tampoco se descarta la idea de que directamente la fueran a matar, pero otra vez la hora y el lugar no son habituales: la esperarían de noche en algún lado.

El marido de María Pía, Carlos Báez, apareció como sospechoso, pero lo concreto es que se revisaron todas sus comunicaciones antes y después del homicidio y no se le encontró nada de nada. Báez está enfrentado con Constanza, no le permite ver al pequeño sobrinito, que ahora tiene más de tres años, y todo indica que el choque venía de antes. Según consignó Página/12, Constanza y su esposo, el ex gobernador de Santa Cruz Néstor Perl, ordenaron a sus abogados Armando José Murature y Ana María Maya que pidan el desalojo de María Pía de un departamento de la calle Uriburu al 1100. Efectivamente el desalojo se concretó el 24 de diciembre de 1996, o sea en Navidad.

Tras el asesinato de María Pía, Báez reaccionó duramente cuando un general retirado hizo una arenga ante el periodismo en el propio velatorio. Miguel Giuliano, que pocos días antes había encabezado un acto en plaza San Martín por “los muertos de la subversión”, vinculó el homicidio de María Pía con el hecho de que fuera hermana de un militar.

El viudo le pidió a la ministra de Defensa, Nilda Garré, que tomara una medida contra Giuliano: “Es nefasto lo que hizo, se burló de todo el dolor nuestro, en beneficio propio”.

Pese a esa relación deteriorada con María Pía y su marido, Constanza se convirtió en figura pública en materia de seguridad a raíz del asesinato. Acompañó a Juan Carlos Blumberg y hasta hizo campaña contra la reelección de Carlos Rovira en Misiones, algo que tampoco tenía demasiada vinculación con la cuestión del delito. Guglielmi tiene claro su alineamiento político: así como la marcha del miércoles es en Plaza de Mayo, ya en su momento armó otra hacia la Quinta de Olivos y no se privó de convocar al mediático Alfredo De Angeli, con quien hasta hablaron de constituir una Mesa de Enlace de la Seguridad.

A principios de semana, desde la usina de Mejor Seguridad dieron a conocer que tanto Susana como Tinelli participarían de la concentración del miércoles, pero finalmente ambas figuras dieron un paso al costado, aunque la diva de los teléfonos deseó que mucha gente concurra. Otras figuras del espectáculo también parecen descartadas, esencialmente a partir del diagnóstico de que, tras la cuestión del supuesto combate al delito, se esconden posturas políticas de derecha muy claras: “La sociedad argentina está a la deriva, conducida por este doble comando orientado hacia lograr la crisis permanente de acuerdo con la consigna setentista ‘cuanto peor, mejor’. El Gobierno viene llevando adelante un proceso de destrucción nacional que tiene en vilo a toda la Argentina”.

Denuncian participación policial en un doble crimen de Solano

Denuncian participación policial en un doble crimen de Solano
Cristian Rivas y Maximiliano Fernández fueron asesinados el pasado sábado en la esquina de Monteverde y 829. Familiares y amigos advierten que fue un caso de gatillo fácil

Familiares y amigos de los jóvenes asesinados el pasado sábado en San Francisco Solano, en un episodio confuso y aún no esclarecido, reiteraron sus denuncias sobre la presunta participación policial en los crímenes.

Fue durante el velatorio, que se desarrolló el lunes en las instalaciones de un club del barrio Los Chaperos.

En torno a la investigación, trascendió que un efectivo de la Policía Federal se encuentra detenido como sospechoso de matar a balazos a Cristian Rivas, de 27 años, y Maximiliano Fernández, de 22. No obstante, habría sido alojado en otra dependencia de Quilmes, alejada de San Francisco Solano, frente a la movilización de la gente que incluyó el corte del cruce de la avenida Monteverde y la calle 829 durante tres días.

El lunes, luego que los cuerpos de los jóvenes fueran entregados a sus familiares en la Morgue Judicial de Ezpeleta, se realizó el velatorio conjunto en los vestuarios del club "Los Chaperos". Allí, amigos y familiares reiteraron que “no eran delincuentes” y rechazaron la versión policial, que reza un enfrentamiento entre bandas que se disputaban el dominio de la zona por la venta de drogas.

Cabe recordar que Julio Fernández, el padre de Maximiliano, acusó a la policía de “estar involucrada” en el episodio y criticó la información que hicieron circular sobre un ajuste de cuenta entre bandas: “Eran chicos laburadores, y si bien últimamente no tenían trabajo, no eran ladrones”. También exigió que intervenga el Ministerio de Seguridad bonaerense, como garantía para resolver el caso.

“A mi hijo lo bajaron de cinco balazos y a a Cristian Rivas también le dispararon, además de atropellarlo con un auto. Ellos estaban parados parados en el lugar, lo que pasó es que se asustaron y salieron corriendo. Por eso tienen los impactos por la espalda. En la comisaría de San Francisco Solano dicen que tiene a uno preso en Berazategui -sería el efectivo de la Policía Federal-, pero no le creemos nada”, insistió el papá de Maximiliano Fernández.

GATILLO FACIL EN BELGRANO

PARA LOS BOLUDOS QUE PIDEN MANO DURA
GATILLO FACIL EN BELGRANO

La bonaerense no compite con la mafia

La bonaerense no compite con la mafia
Por Claudio A. Jacquelin
LA NACION
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Domingo 1 de febrero de 2009 | Publicado en edición impresa

En el apogeo de "la mejor policía del mundo" (Duhalde dixit ), que al mismo tiempo era conocida como la maldita policía (el país entero dixit ), circulaba una ácida ironía que pretendía explicar mejor que miles de ensayos el problema de la inseguridad bonaerense.

El relato se situaba en un congreso sobre la mafia. Allí un experto norteamericano le planteaba su perplejidad a su par argentino: "¿Cómo es que en la Argentina no existe la mafia?". Nuestro compatriota, con el típico desparpajo y el tono sobrador que solemos usar cuando nos preguntan lo obvio, le respondía: "Johnny, es que en la Argentina tenemos a la bonaerense, y no le gusta la competencia".

La sucesión sin fin de hechos delictivos gravísimos en los que aparecen involucrados integrantes de la Policía de la provincia de Buenos Aires, como el reciente secuestro de Leonardo Bergara y otros menos resonantes, no sólo mantiene siempre actualizado el "chiste", sino que lo eleva casi al estado de profecía cumplida.

Organización vertical, extorsión y venta de protección, control y gerenciamiento de actividades ilícitas como el tráfico de drogas o la prostitución, dominio territorial para la comisión de delitos, vínculos promiscuos y espurios con el poder político, que se traducen en impunidad, y supervivencia en el tiempo son algunas de las principales características que definen a la mafia.

Cualquier parecido con la realidad cotidiana de la provincia de Buenos Aires puede ser pura coincidencia, aunque la reiteración hace cada vez más difícil creerlo.

Los expertos, los de verdad, no los del supuesto congreso de la falsa anécdota de esta columna, dicen que la permanencia de la mafia se asienta en tres pilares: la falta de voluntad política para enfrentarla, la naturalización de sus prácticas (es decir considerar normal lo que es irregular) y la ausencia de políticas de Estado que tengan continuidad en el tiempo.

La conclusión surge clara de la espeluznante investigación del periodista y escritor italiano Roberto Saviano, que con su libro Gomorra revela desde adentro y como nadie lo contó qué es, cómo opera y porqué sigue vigente la Camorra, la mafia napolitana.

Sus observaciones llevan inevitablemente a reparar en los espasmos de los gobiernos bonaerenses para enfrentar la corrupción policial, cuando no la complicidad lisa y llana de algunos funcionarios, la incorporación al folclore popular de las prácticas irregulares o directamente delictivas de los uniformados y la pendularidad de las políticas de seguridad que se han registrado en el distrito.

¿Será, entonces, una curiosidad, una casualidad, o algo más, que la provincia de Buenos Aires haya sido gobernada por el mismo partido durante los últimos 22 años y nada haya cambiado?

SE TRATA DE JUAN CARDOZO, JEFE DE SERVICIO EXTERNO DE LA DISTRITAL BERAZATEGUI
Jefe Policial detenido por secuestro de Bergara

Los secuestradores de Leonardo Bergara, se comunicaron -según la DDI de Quilmes- con el capitánJuan Cardozo antes de ponerse en contacto con la familia, secuestrado hace 15 días. 
Según el implicado, el teléfono móvil lo tenía el otro detenido, el teniente Víctor Vega


El jefe del Servicio Externo de la Jefatura Distrital de Berazategui, capitán Juan Cardozo, habría entablado una conversación telefónica con los captores del empresario de Ranelagh Leonardo Bergara, según se desprende de la investigación y las pericias que lleva adelante la fiscal federal Silvia Cavallo. 
Minutos antes de que se concretara la tan ansiada ''prueba de vida'' reclamada por la familia de Bergara, el celular de Cardozo mantuvo una comunicación con la misma línea telefónica con que los secuestradores hablaban con los familiares, según se desprende de la investigación que lleva adelante la Brigada Antisecuestro de la DDI de Quilmes, al mando del comisionado Carlos Greco. 
El 30 de diciembre último, día en que se puso en conocimiento de la familia Bergara una grabación con la voz de la víctima, es cuando se produjo la comunicación entre el teléfono móvil del jefe policial detenido, y los integrantes de la banda. Ese día, el secuestrado contó en una grabación el reciente hallazgo arqueológico de un galeón del siglo XVIII en pleno Puerto Madero. 
La secuencia de llamados, se hizo siempre desde el mismo celular de los captores que mantienen aún hoy después de más de dos semanas a Leonardo Bergara cautivo. 
El capitán Juan Cardozo, se presentó espontáneamente a declarar ante el juzgado que entiende en la causa aunque igualmente quedó detenido y a disposición de la Justicia. 
Según el oficial de la Policía de Buenos Aires, en el momento de concretarse las llamadas, su celular se encontraba en poder del otro policía implicado que también fue detenido: teniente Víctor Ariel Vega. En uno de los cuatro allanamientos, la Policía provincial secuestró en una quinta de Ringuelet, seis 'ladrillos' de marihuana. 
Luego de conocerse las detenciones, el gobernador provincial, Daniel Scioli, se comunicó con el jefe de la Policía de Buenos Aires, Daniel Salcedo, para comunicarle su preocupación por el tema y reiterar el pedido de extremar las precauciones para cuidar la vida del joven secuestrado.
Cabe destacar que, según fuentes ministeriales de la provincia, el Jefe Distrital de Berazategui, Inspector Roque Luján, es considerado ''ajeno totalmente'' a los hechos, siendo un jefe policial que ''goza del mayor reconocimiento y estima'' de la población de Berazategui.

SE REFIRIO A LOS OFICIALES DE BERAZATEGUI Y EL CASO BERGARA
Stornelli: ''Las detenciones de policías son preventivas, el caso aún no está esclarecido''

El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, afirmó que la detención de dos policías de Berazategui, presuntamente vinculados al secuestro de Leonardo Bergara, es ''preventiva'' y reconoció que el caso aún ''no está esclarecido''. 

Las detenciones de los oficiales Cardozo y Vega, de la Jefatura Distrital de Berazategui, fueron ''una cuestión casi profiláctica, preventiva, que ha tomado la fiscal (Silvia Cavallo) porque no hay que dejar ninguna prueba librada al azar'', sostuvo el funcionario, en referencia al arresto. 
Stornelli dijo que la decisión de la fiscal federal de Quilmes le pareció ''correcta'' y que cuando ella le transmitió que iba a solicitar esa medida ''para que no haya ninguna adulteración, se procedió de inmediato''. ''Se trataría de una cuestión hasta ahora tangencial, más no puedo informar, la fiscal tendrá sus razones'', remarcó el ministro, aunque se encargó de aclarar que en la Policía ''no hay paraguas para nadie''. 
El ministro Stornelli se negó a confirmar o desmentir las identidades de los efectivos detenidos, debido al secreto de sumario que rige en el expediente y sólo adelantó que ambos serán interrogados durante la jornada. 
Consultado sobre si el secuestro seguía en curso, Stornelli reconoció que ''el hecho no está esclarecido'' y que las medidas que dispuso la fiscal Cavallo, ''no significan el esclarecimiento''. 
Agregó que la Policía está poniendo ''toda la capacidad operativa'' a disposición de la fiscalía y que espera que en las próximas horas el hecho se pueda resolver.

fuente:verdad e investigacion

JUICIO BRU 2:POLICIAS AL BANQUILLO

Juicio Bru II: policías al banquillo

Trabajan en la comisaría 3º de Ensenada. Encabezaron el operativo de detención que terminó con el testigo clave muerto

Dos ex oficiales de la Policía bonaerense que prestaban servicio en la comisaría de El Dique serán juzgados a partir del próximo martes por el homicidio, en 2002, de Mauro Martínez, un testigo clave en la causa por el secuestro y desaparición del estudiante de periodismo Miguel Bru. Se trata de los ex oficiales Luján Enrique Martínez e Ismael Gauna, que se sentarán en el banquillo ante el Tribunal Oral 1, integrado por los jueces Guillermo Labombarda, Patricia de la Serna y Samuel Saraví Paz, con intervención del fiscal Gabriel Sagastume.
A Mauro “El Beto” Martínez, que había sido testigo en la causa por la desaparición de Bru, lo mataron de un balazo en el estómago durante el operativo de detención encabezado por Martínez y Gauna, el 21 de junio de 2002, en una casa del barrio El Carmen en la que se escondía.
Los abogados que representan a la familia de Martínez aseguran que “El Beto” se entregó con las manos en alto y que los policías igual le dispararon, pero la versión de los acusados es distinta: hablan de que hubo un arma y un enfrentamiento.
“En este caso se armó una escena con el fin de simular un enfrentamiento y, posteriormente, se presentó un testigo, Pedro Luque, que la próxima semana llega a este nuevo juicio habiendo sido condenado por falso testimonio en relación con este hecho”, aseguraron desde la asociación civil Miguel Bru, que patrocina el caso.
También denunciaron que ayer a la madrugada la hermana de Martínez, Graciela, “recibió amenazas telefónicas que la presionaron para no declarar”. “Un hombre joven le advirtió ‘ojo con lo que declarás el martes’ y el mismo mensaje escuchó al atender el teléfono este mediodía (por ayer)”, explicaron desde la asociación. Estos episodios fueron denunciados ante la UFI 2, en turno, y se le asignó una custodia policial durante los próximos días.
“Siento un profundo repudio hacia estas amenazas que buscan empañar el camino hacia la justicia. Lamentablemente se trata de personas que quieren continuar con la impunidad contra la que luchamos día a día”, concluyó Rosa Bru.
En su momento, el testimonio de Martínez permitió saber que el ex comisario Juan Domingo Ojeda
-posteriormente condenado por el asesinato de Miguel- aprobaba las torturas en la comisaría Novena, donde él y el estudiante de periodismo compartieron el encierro en agosto de 1993.
En 1998, según la asociación, Martínez fue llevado por una contravención a una comisaría de Berisso y el entonces oficial Ismael Gauna “lo golpeó brutalmente, y le dijo: “Si declarás sobre Bru, sos boleta, vos, tu mujer y tus hijos’”.
En 2002, Mauro fue detenido en la comisaría de Ensenada desde donde escapó y buscó refugio en una casa del barrio El Carmen. Aquí lo mataron. Luego de aquello Gauna fue pasado a disponibilidad preventiva por la entonces intervención de la Policía bonaerense y estuvo detenido. Pero Martínez permaneció prófugo hasta 2007, cuando lo detuvieron en una casa del barrio El Churrasco.
Las audiencias comienzan a las 8.30 del martes, en los tribunales de 8 y 57.