DISCURSO DE LA DIRECTORA DE CLARIN
"Ningún apriete torcerá nuestro compromiso con la sociedad"
Después de entregar las medallas y distinciones, la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, pronunció un breve discurso ante el personal.
"Queridos amigos: Clarín cumple 64 años de periodismo, al servicio del desarrollo del país. Hemos construido nuestra fuerza en la fidelidad a la gente. Y eso muchas veces termina molestando al poder de turno", comenzó el discurso, al lado de sus hijos Marcela y Felipe Noble Herrera.
"Hoy -agregó- sufrimos nuevos embates por defender nuestra integridad periodística. Ataques disfrazados con argumentos falsos y contradictorios. Campañas de una virulencia inusitada, originadas en zonas oscuras del poder. A las que incluso se prestan algunos que creen lucrar con eso. No es la primera vez, ni será la última".
Y concluyó: "Ningún 'apriete' torcerá nuestro compromiso con la sociedad. Nuestra misión y principios están expresados públicamente. Se reflejan todos los días en nuestros medios. A ellos nos atenemos".
Las palabras de la directora recibieron un fuerte y cálido aplauso de todos los presentes.
viernes, 28 de agosto de 2009
martes, 25 de agosto de 2009
“QUE LA CANDIDATURA SE LA RECONTRAMETAN EN EL MEDIO DEL CULO”
“QUE LA CANDIDATURA SE LA RECONTRAMETAN EN EL MEDIO DEL CULO”
domingo, 23 de agosto de 2009
DATOS TREMENDOS DE CROMAÑON
Antropófagos
El 15 por ciento de los muertos aquella noche funesta no había cumplido los 16 años. Agréguense cinco adolescentes de 16 años y 14 muchachos de 17: la proporción es espantosa: el 27 por ciento de los muertos por asfixia en Cromañón eran menores de edad.
Por Pepe Eliaschev*
Luisana Ledesma tenía 10 meses. Macarena Sol Cwierz, Alejandro Nicolás Flores y Ana Laura Oviedo tenían cuatro años. Gustavo Ariel Zerpa tenía seis; Sofía Segovia Ríos, siete; Iara Agustina Antón, ocho y Pablo Emmanuel Gómez, nueve. Diez años tenía Gastón Eduardo Amaya; 11 tenía Solange M. Bordón y 12 años era la edad de Lucas Gabriel Pérez y Laura G. Fernández. Trece cumpleaños habían celebrado Jorge M. Arnaldo, Lautaro E. Blanco, Ricardo Cordero y Hernán L. Rodríguez, y 14 años tenían Matías N. Calderón, Leonardo Chaparro y María Laura Bello. Quinceañeros eran María B. Santonocito, Jonathan D. Lasota, María Victoria Azaar, Lucía Propatto, Leonardo G. Cruz, Daiana Hebe Novoa, Guido Nicolás Del Centro, Gabriela A. Borrás, Adriana Inés La Via, Jonathan Iván Torres y Agustina Ruzyckys.
Estas treinta criaturas, incluyendo una beba de diez meses, perdieron sus vidas la noche del 30 de diciembre de 2004 en Buenos Aires. Quince niñas y quince varones, lúgubre simetría.
El 15 por ciento de los muertos aquella noche funesta no había cumplido los 16 años. Agréguense cinco adolescentes de 16 años y 14 muchachos de 17: la proporción es espantosa: el 27 por ciento de los muertos por asfixia en Cromañón eran menores de edad.
¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué murieron? ¿Por qué se perdieron 52 vidas que empezaban a germinar? ¿Quién los llevó? ¿Para qué los llevaron? ¿Para qué fueron los que los llevaron, sobre todos a los niños? ¿A qué fueron? ¿Por qué se quedaron? ¿Quién los dejó entrar? ¿Quién autorizó a que permanecieran? ¿Quién cuidaba a la beba y a los más pequeños? ¿Qué miserable combinación de factores une la vida con el desprecio por esa misma vida?
El incendio que provocó la asfixia de 193 seres humanos es un magno crimen contra la infancia y la niñez, una nueva y cruel reiteración de una tragedia endógena argentina, una calamidad que no tiene nada que ver con enemigos externos, ni con “modelos” foráneos, creación autóctona del alma asesina de los argentinos.
Veintidós años antes de Cromañón, en el Atlántico Sur, la locura criminal de las Fuerzas Armadas de esa época determinó la muerte de centenares de conscriptos bajo bandera, junto a un puñado de valientes oficiales adultos que, empero, fueron la menor parte de los caídos.
La liquidación de los menores de edad en diversas circunstancias es un rasgo endémico de la patología argentina. En los años setenta, sádicos esbirros de la violencia oficial pensaban que a la hierba “mala” había que extirparla enseguida, para que no cunda. Pero en paralelo, o incluso antes que ellos, connotados cabecillas de una violencia supuestamente liberadora no trepidaban en poner fusiles y explosivos en manos de menores de edad o chicos muy jóvenes, enviados a la inmolación inexorable, con ligereza y desparpajo.
En la Argentina venimos matando criaturas o condenándolas a la muerte hace demasiados años. La truculenta “cultura” del rock, con su sudorosa devoción por la maldad y su ingenua genuflexión ante el riesgo y la violencia, es apenas un emergente más de una saga vieja y macabra.
Las sentencias judiciales por el caso Cromañón ratifican otra vieja pasión nacional: la irrefrenable tendencia a depositar todas las culpas y responsabilidades fuera de la sociedad, como si los seres humanos de carne y hueso fueran siempre congeladas estatuillas de cristal con las que los “poderes” operan de modo omnímodo.
Políticos, empresarios, funcionarios, policías, músicos: todos pueden ser culpabilizados y, de hecho, así se procede en la Argentina, pero en la sacrosanta convicción de que nunca nadie hace nada malo, jamás un individuo asume o debe asumir su propia responsabilidad. Las escenas del día del veredicto de la Cámara, en Tribunales, son en tal sentido paradigmáticas, con golpes, corridas, intentos de linchamiento, variadas formas de la proverbial barbarie en que vivimos.
¿Se hizo justicia? Desde una perspectiva estrictamente jurídica, afirmación que nada tiene de peyorativa, es casi seguro que los camaristas se han manejado con las herramientas de la ley en sus manos. Debe admitirse que muchos incidentes mayúsculos de la vida cotidiana son inasibles para los procedimientos articulados por la Justicia, palabra a la que seguimos escribiendo con mayúscula, tal vez por una ancestral ansiedad por ver en ella una monumental certeza de infalibilidad.
Pero en el caso Cromañón, adjudicar la pena a un grupo de responsables y exonerar de castigo a otros es apenas un resultado parcial de una más grande y siniestra verdad. ¿Acaso podría haber condenado la Cámara a los sujetos de esa banda (nunca mejor aplicada la palabra: en ciertas músicas, así como en el delito, a los agrupamientos los llaman así) porque no se negaron a tocar, aún cuando había en ese maldito corralón humano más de medio centenar de menores?
Es probable que la Justicia no tenga ma-nera objetiva de determinar culpas punibles por ese hecho, pero es igualmente cierto que la fase judicial del asunto no cierra, ni mucho menos, su gravedad monumental.
Cromañón fue posible no sólo por la negligencia de “los políticos”, la corrupción de los funcionarios o la voracidad de los empresarios. Hay una entera sociedad que ahora debería permitirse una introspección más digna y audaz, de cara sobre todo a la galaxia de irresponsabilidades, ilegalidades, omisiones e hipocresías con que en la Argentina la abrumadora mayoría vive al margen de la ley.
La más amarga moraleja de la tragedia, el juicio y las sentencias por Cromañón es que, eventualmente apaciguada la sociedad porque hay un grupo de personas condenadas, la historia se irá diluyendo. Centenares de personas seguirán cobrando indemnizaciones e incluso muchas decenas se aprestan ahora para encarar demandas penales al Estado, para ir por nuevos “resarcimientos”
Nadie parece preguntarse por lo más terrible, lo más inefable, lo verdaderamente irreparable. ¿Por qué murieron esos niños, esas criaturas cuyas vidas ninguna prisión de un empresario, policía o funcionario logrará recrear?
*Visite el blog de Pepe Eliaschev en www.perfil.com
El 15 por ciento de los muertos aquella noche funesta no había cumplido los 16 años. Agréguense cinco adolescentes de 16 años y 14 muchachos de 17: la proporción es espantosa: el 27 por ciento de los muertos por asfixia en Cromañón eran menores de edad.
Por Pepe Eliaschev*
Luisana Ledesma tenía 10 meses. Macarena Sol Cwierz, Alejandro Nicolás Flores y Ana Laura Oviedo tenían cuatro años. Gustavo Ariel Zerpa tenía seis; Sofía Segovia Ríos, siete; Iara Agustina Antón, ocho y Pablo Emmanuel Gómez, nueve. Diez años tenía Gastón Eduardo Amaya; 11 tenía Solange M. Bordón y 12 años era la edad de Lucas Gabriel Pérez y Laura G. Fernández. Trece cumpleaños habían celebrado Jorge M. Arnaldo, Lautaro E. Blanco, Ricardo Cordero y Hernán L. Rodríguez, y 14 años tenían Matías N. Calderón, Leonardo Chaparro y María Laura Bello. Quinceañeros eran María B. Santonocito, Jonathan D. Lasota, María Victoria Azaar, Lucía Propatto, Leonardo G. Cruz, Daiana Hebe Novoa, Guido Nicolás Del Centro, Gabriela A. Borrás, Adriana Inés La Via, Jonathan Iván Torres y Agustina Ruzyckys.
Estas treinta criaturas, incluyendo una beba de diez meses, perdieron sus vidas la noche del 30 de diciembre de 2004 en Buenos Aires. Quince niñas y quince varones, lúgubre simetría.
El 15 por ciento de los muertos aquella noche funesta no había cumplido los 16 años. Agréguense cinco adolescentes de 16 años y 14 muchachos de 17: la proporción es espantosa: el 27 por ciento de los muertos por asfixia en Cromañón eran menores de edad.
¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué murieron? ¿Por qué se perdieron 52 vidas que empezaban a germinar? ¿Quién los llevó? ¿Para qué los llevaron? ¿Para qué fueron los que los llevaron, sobre todos a los niños? ¿A qué fueron? ¿Por qué se quedaron? ¿Quién los dejó entrar? ¿Quién autorizó a que permanecieran? ¿Quién cuidaba a la beba y a los más pequeños? ¿Qué miserable combinación de factores une la vida con el desprecio por esa misma vida?
El incendio que provocó la asfixia de 193 seres humanos es un magno crimen contra la infancia y la niñez, una nueva y cruel reiteración de una tragedia endógena argentina, una calamidad que no tiene nada que ver con enemigos externos, ni con “modelos” foráneos, creación autóctona del alma asesina de los argentinos.
Veintidós años antes de Cromañón, en el Atlántico Sur, la locura criminal de las Fuerzas Armadas de esa época determinó la muerte de centenares de conscriptos bajo bandera, junto a un puñado de valientes oficiales adultos que, empero, fueron la menor parte de los caídos.
La liquidación de los menores de edad en diversas circunstancias es un rasgo endémico de la patología argentina. En los años setenta, sádicos esbirros de la violencia oficial pensaban que a la hierba “mala” había que extirparla enseguida, para que no cunda. Pero en paralelo, o incluso antes que ellos, connotados cabecillas de una violencia supuestamente liberadora no trepidaban en poner fusiles y explosivos en manos de menores de edad o chicos muy jóvenes, enviados a la inmolación inexorable, con ligereza y desparpajo.
En la Argentina venimos matando criaturas o condenándolas a la muerte hace demasiados años. La truculenta “cultura” del rock, con su sudorosa devoción por la maldad y su ingenua genuflexión ante el riesgo y la violencia, es apenas un emergente más de una saga vieja y macabra.
Las sentencias judiciales por el caso Cromañón ratifican otra vieja pasión nacional: la irrefrenable tendencia a depositar todas las culpas y responsabilidades fuera de la sociedad, como si los seres humanos de carne y hueso fueran siempre congeladas estatuillas de cristal con las que los “poderes” operan de modo omnímodo.
Políticos, empresarios, funcionarios, policías, músicos: todos pueden ser culpabilizados y, de hecho, así se procede en la Argentina, pero en la sacrosanta convicción de que nunca nadie hace nada malo, jamás un individuo asume o debe asumir su propia responsabilidad. Las escenas del día del veredicto de la Cámara, en Tribunales, son en tal sentido paradigmáticas, con golpes, corridas, intentos de linchamiento, variadas formas de la proverbial barbarie en que vivimos.
¿Se hizo justicia? Desde una perspectiva estrictamente jurídica, afirmación que nada tiene de peyorativa, es casi seguro que los camaristas se han manejado con las herramientas de la ley en sus manos. Debe admitirse que muchos incidentes mayúsculos de la vida cotidiana son inasibles para los procedimientos articulados por la Justicia, palabra a la que seguimos escribiendo con mayúscula, tal vez por una ancestral ansiedad por ver en ella una monumental certeza de infalibilidad.
Pero en el caso Cromañón, adjudicar la pena a un grupo de responsables y exonerar de castigo a otros es apenas un resultado parcial de una más grande y siniestra verdad. ¿Acaso podría haber condenado la Cámara a los sujetos de esa banda (nunca mejor aplicada la palabra: en ciertas músicas, así como en el delito, a los agrupamientos los llaman así) porque no se negaron a tocar, aún cuando había en ese maldito corralón humano más de medio centenar de menores?
Es probable que la Justicia no tenga ma-nera objetiva de determinar culpas punibles por ese hecho, pero es igualmente cierto que la fase judicial del asunto no cierra, ni mucho menos, su gravedad monumental.
Cromañón fue posible no sólo por la negligencia de “los políticos”, la corrupción de los funcionarios o la voracidad de los empresarios. Hay una entera sociedad que ahora debería permitirse una introspección más digna y audaz, de cara sobre todo a la galaxia de irresponsabilidades, ilegalidades, omisiones e hipocresías con que en la Argentina la abrumadora mayoría vive al margen de la ley.
La más amarga moraleja de la tragedia, el juicio y las sentencias por Cromañón es que, eventualmente apaciguada la sociedad porque hay un grupo de personas condenadas, la historia se irá diluyendo. Centenares de personas seguirán cobrando indemnizaciones e incluso muchas decenas se aprestan ahora para encarar demandas penales al Estado, para ir por nuevos “resarcimientos”
Nadie parece preguntarse por lo más terrible, lo más inefable, lo verdaderamente irreparable. ¿Por qué murieron esos niños, esas criaturas cuyas vidas ninguna prisión de un empresario, policía o funcionario logrará recrear?
*Visite el blog de Pepe Eliaschev en www.perfil.com
sábado, 22 de agosto de 2009
martes, 4 de agosto de 2009
A 33 AÑOS DEL ASESINATO DEL MONSEÑOR ENRIQUE ANGELELLI
El caso del Obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli
El 4 de agosto de 1976 murió Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, quien se opuso a la dictadura y luchó por los derechos humanos. Apareció muerto junto a su auto en Punta de los Llanos –según se dijo entonces– como consecuencia de un accidente ocurrido cuando regresaba del funeral de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville, que habían sido asesinados. Sin embargo, cada vez son más los indicios que indican que el sacerdote fue asesinado por la dictadura militar. A continuación transcribimos fragmentos del libro Nunca Más, sobre las investigaciones posteriores respecto a su muerte.
Fuente: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), Nunca Más, Buenos Aires, Editorial Eudeba, 1984.
El caso del Obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli, y de los sacerdotes de Chamical Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias
El 18 de julio de 1976, fueron alevosamente asesinados, luego de ser secuestrados por quienes se identificaron como miembros de la Policía Federal, los sacerdotes P. Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, en la localidad de Chamical (La Rioja) donde realizaban su apostolado. A la mañana siguiente a este crimen, hombres encapuchados fueron a buscar al párroco de Sanogasta, pero éste se había ido por recomendación del Obispo Monseñor Enrique Angelelli. Cuando el laico que los atendió les dijo que el párroco no estaba, lo acribillaron.
El 4 de agosto, 17 días después del asesinato de aquellos sacerdotes, falleció Monseñor Enrique Angelelli, Obispo de la Diócesis de La Rioja, supuestamente en un “accidente automovilístico”. Las pruebas o presunciones de que fue atentado, se acumularon de manera abrumadora.
El Obispo acababa de dejar Chamical, donde había celebrado una misa y pronunciado una homilía en la que denunciaba aquellos asesinatos. El Obispo manejaba una camioneta, y el padre Arturo Pinto, que lo acompañaba, recuerda que apenas dejaron Chamical comenzó a seguirlos un automóvil; el Obispo aceleró pero entonces apareció otro coche y a la altura de Punta de los Llanos los encerraron hasta hacer volcar la camioneta.
El cuerpo del Obispo quedó tirado en el suelo durante seis horas, la camioneta desapareció y la única lesión que presentaba el cadáver de Monseñor Angelelli fue la nuca destrozada tal como si lo hubiesen molido a golpes. La carpeta que llevaba el Obispo jamás pudo ser encontrada.
“No vengo a ser servido sino a servir. Servir a todos, sin distinción alguna, clases sociales, modos de pensar o de creer; como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los pobres”. Estas fueron palabras pronunciadas por Monseñor Angelelli al asumir la conducción del Obispado de La Rioja en 1968.
Había realizado sus estudios sacerdotales en Roma, especializándose en Derecho Canónico; fundó en Córdoba la Juventud Obrera Católica y fue asesor de la Juventud Universitaria Católica.
“El dicente, en este sentido, quiere agregar que uno o dos días después de ocurrido el suceso, los papeles que portaba el Obispo Angelelli en el momento de su fallecimiento llegaron a la casa de Gobierno dirigidos al Ministro Harguindeguy, en una carpeta remitida desde la Guarnición Militar Salta, con expresa indicación de que se trataba de documentación confidencial. Este hecho llamó la atención del declarante, ya que los citados papeles no fueron entregados a la causa judicial, como tampoco entregados a los allegados a Monseñor Angelelli.
”Todas estas circunstancias motivaron que el dicente se decidiera a fotocopiar parte de esa documentación, que estaba integrada por correspondencia intercambiada entre el Obispo de La Rioja y el Arzobispo de Santa Fe, Monseñor Vicente Zaspe, referida a la persecución que sufrían señores de la Iglesia Católica por su actividad social, un cuaderno de notas y otros papeles. La documentación fue entregada al General Harguindeguy... Quiere aclarar el dicente que prestó especial atención al hecho por la forma estrictamente «secreta» que se dio a la existencia de esta carpeta. Añade que no tiene conocimiento del destino posterior de la misma, puesto que el General Harguindeguy manejaba en forma personal todos los hechos referentes a la Iglesia”. (Declaración de Peregrino Fernández prestada ante el grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Personas de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas).
“...Durante uno de los interrogatorios, el Capitán Marcó y el Capitán Goenaga me dijeron que el Obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, el Psiquiatra Raúl Fuentes y Alipio Paoletti iban a ser muertos... antes del mes; Angelelli murió en circunstancias que aún se investigan. Fuentes se encuentra desaparecido desde fines de 1976 y Alipio Paoletti fue buscado intensamente... en agosto del mismo año; debido a las condiciones físicas en que había quedado por las torturas, fue trasladado al Hospital Presidente Plaza. Estando. Allí fue ingresado una noche el cadáver de Angelelli para realizarle una serie de autopsias; quienes me custodiaban, miembros de la Policía de la Provincia, aludiendo a la muerte del Obispo, manifestaban cosas como: «eso le tenía que pasar a ese cura comunista hijo de...”. (Testimonio de Plutarco Antonio Scheller, Legajo N° 4952).
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
domingo, 2 de agosto de 2009
Gas: entidades apoyan acción judicial vecinal
Mañana a las 11 en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de La Plata se reunirán las asociaciones de usuarios y consumidores ASINCO de Quilmes, junto a ADDUC, DEUCO, PROCONSUMER, COYUSIN, CADUC y CEODECO a fin de acompañar la acción judicial contra el incremento del gas, denunciado por vecinos de varios distritos del conurbano.
La acción también tiene como objetivo fundamental presentarse contra el Decreto 2067/08 mediante el cual, en forma compulsiva y arbitraria, se crea un fondo fiduciario (sin reglamentación en lo que hace a su modo de funcionamiento) con dinero de los usuarios para la importación de gas natural.
De acuerdo a las entidades, “este es un avasallamiento más de los derechos constitucionales de los usuarios y los que determina la ley nacional de Defensa del Consumidor 24.240 y modificatoria. Se pretende disponer de una suma varias veces millonaria, como está sucediendo con otros fondos creados para distintos fines, sin control alguno, en este caso de quienes ponen el dinero. El único control - según reza el decreto - es el que pone el Ministerio de Planificación, es decir, el mismo que lo creó”.
diario popular
La acción también tiene como objetivo fundamental presentarse contra el Decreto 2067/08 mediante el cual, en forma compulsiva y arbitraria, se crea un fondo fiduciario (sin reglamentación en lo que hace a su modo de funcionamiento) con dinero de los usuarios para la importación de gas natural.
De acuerdo a las entidades, “este es un avasallamiento más de los derechos constitucionales de los usuarios y los que determina la ley nacional de Defensa del Consumidor 24.240 y modificatoria. Se pretende disponer de una suma varias veces millonaria, como está sucediendo con otros fondos creados para distintos fines, sin control alguno, en este caso de quienes ponen el dinero. El único control - según reza el decreto - es el que pone el Ministerio de Planificación, es decir, el mismo que lo creó”.
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