Durante su mandato, el ex presidente diseñó un nuevo mapa de distribución de especialidades medicinales a la medida de los intereses de lobistas del sector.
Cuando alguien manifiesta taxativamente que dispone de las memorias de algún incendio deberíamos preguntarnos si eso ocurre porque fue el bombero o el pirómano. Lo que sí nos queda claro a los periodistas y a los ciudadanos libres del sur es que Eduardo Duhalde no se caracterizó por hacerse cargo durante su gestión presidencial de la tarea de desarmar los nichos de corrupción que pudieran existir en diferentes espacios. El ex presidente fue muy claro al respecto cuando, luego de que la firma alemana Siemens se autoincriminara ante la SEC de los Estados Unidos por el pago de coimas, argumentara que en su breve mandato él no atendió los reclamos de la firma ni investigó sobre la vinculación de funcionarios argentinos en cobros irregulares porque el momento establecía otras prioridades.
Contradiciendo el libro al que le ha dedicado tanto esmero (y que en su nueva versión será prologado por Felipe González) para el hombre del MPA nunca fue prioritario apagar el fuego de la corrupción, no lo hizo en el tema Siemens y tampoco lo hizo en la mafia de los medicamentos y los laboratorios.
El laboratorio amigo. La década del ’90 fue escenario de una intensa puja por la denominada Ley de Patentes, entre lobistas de los laboratorios argentinos y extranjeros. Los primeros nucleados en el Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y los segundos en a Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme).
El Cilfa rubricó una solicitada contra la “ley de patentes monopólica” que promovía la Embajada norteamericana, que fuera publicada el 29 de agosto de 1991 en el Ámbito Financiero de Julio Ramos en la cual expresaba: “Bajo presión y amenaza se intenta la aprobación, sin discusión ni debate, de una ley de patentes medicinales totalmente restrictiva. Sus consecuencias serán mucho más graves que las anunciadas represalias. Aumento desproporcionado de los precios de los medicamentos. Quiebra de las obras sociales que no podrán afrontarlos. Desabastecimiento típico de los regímenes monopólicos”. La letra de esa solicitada, así como de toda la defensa de los laboratorios autóctonos fue redactada por el empresario, analista económico y lobista Pablo Challú.
Esta entidad también contó por esos años con el respaldo de periodistas (previo desembolso) y del diputado nacional justicialista Humberto Roggero, que presidía la estratégica Comisión de Industria de la Cámara baja.
Era el momento para trazar un nuevo mapa de distribución de medicamentos entre las tres principales cámaras farmacéuticas.
Cuando la fiebre del indicador de riesgo país del J.P. Morgan, junto a otras yerbas arrasaron el gobierno de la Alianza y llegó, luego de la incertidumbre que todos conocemos, el momento de Eduardo Duhalde como titular del poder Ejecutivo, éste comenzó su armado de gobierno y las negociaciones con los principales sectores de la industria para poder hacer frente a la crisis. Luego de contar con el sí de Roberto Lavagna para la cartera de Hacienda, escuchó el consejo de José Ignacio de Mendiguren para encontrar su reemplazante en Producción, sugiriendo éste el nombre de Pablo Challú, el histórico lobista de Cilfa, quien ya había sido ungido como secretario de Defensa de la Competencia el 7 de marzo de 2002, con la rúbrica del duhaldismo de pura cepa. Sin embargo, fue la Embajada de los Estados Unidos la que vetó la llegada de Challú al frente del área de Producción, el ministerio que siempre soñó Eduardo Duhalde.
Mientras legisladores de Buenos Aires y el Cels denunciaban las maniobras efectuadas por 105 laboratorios y droguerías por el alza en los precios de los medicamentos en los primeros meses de 2002, Duhalde posaba para los diarios en el marco de la reunión del 5 de enero con el entonces titular de Cilfa, su amigo Hernán López Bernabó. Mientras el presidente del incendio decía que no pondría precios máximos siempre y cuando no observara “comportamientos inadecuados” por parte de los empresarios del sector, López Bernabó en representación de su cámara se comprometía a mantener los precios a pesar de la devaluación. Sin embargo los laboratorios habían obtenido del mandatario, no sólo la pesificación de la deuda del sector y la autorización para girar divisas al exterior con la supuesta finalidad de evitar el quiebre de la cadena de pagos, sino la aceptación de que el Pami era uno de “los grandes deudores” de las empresas de medicamentos. Con ello comenzó la diagramación de un plan de financiamiento del sistema de seguridad social.
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