El ADN de un juez de la dictadura que libera a la Policía para detener a chicos en la calle

Rechazaba los Hábeas Corpus de familiares de desaparecidos e imponía “costas”
El polémico fallo de la Justicia platense que le devuelve la potestad a los policías para detener menores tiene un autor ideológico. Se trata del camarista Pedro Luis Soria, quien comenzó su carrera judicial nombrado como juez en el año 1976. En su foja de servicios cuenta con decenas de habeas corpus de desaparecidos rechazados, entre los que figuran el padre del embajador argentino en España. Intentó ser Decano en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) pero al conocerse su pasado judicial, optó por la renuncia. Además, está investigado en la Justicia Federal por la muerte de un preso político.
Pedro Luis Soria fue nombrado Secretario en el ex Juzgado Penal 5 de La Plata el 3 de marzo de 1970. Seis años más tarde, sería el encargado de ese juzgado al jurar como juez el 4 de mayo de 1976, apenas un mes y medio después del golpe de Estado que terminó con un gobierno constitucional y sumergió al país en la más feroz y cruenta dictadura.

En su labor como juez, Soria rechazaba sistemáticamente los pedidos de habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. Además de no hacer lugar a los recursos les imponía "costas" a los damnificados, es decir, debían pagar por abrir un expediente judicial y recurrir al Estado para buscar información sobre el paradero de los desaparecidos.

Aquella lista es extensa, pero sobresale el habeas corpus pedido por Jorge Alberto Daniel Davoto para conocer el paradero de su suegro, el ex juez federal y docente universitario Antonio Bautista Bettini, padre del actual embajador argentino en España, Carlos Bettini. El expediente fue abierto el 21 de marzo de 1977 y cerrado un día después.

Pese a que Soria fue confirmado en su cargo por el Senado provincial en 1984, sus antecedentes lo persiguen.

En el año 2007 quiso ser candidato a Decano en la facultad de Derecho de la UNLP, pero sus antecendentes como juez en la dictadura hicieron que desista.

En 2006 Soria había sido acusado por el encubrimiento de un homicidio en la Unidad 9 ocurrido durante la dictadura. La víctima: Marcos Augusto Ibáñez Gatica. Los penitenciarios lo habían hecho pasar por un suicidio, pero la Justicia no lo constató: no hubo ni autopsia.

El entonces juez penal y actual camarista dictó el sobreseimiento provisorio sólo con la información provista por el SPB al día siguiente de haber recibido la causa en su juzgado.

Treinta y dos años después, la investigación que Soria no hizo lo encuentra involucrado en el encubrimiento de un crimen de lesa humanidad. El fiscal federal Sergio Franco, solicitó al juez federal Humberto Blanco que convoque a prestar declaración indagatoria al actual camarista por encubrimiento del homicidio calificado de Ibáñez.

El 30 de abril de 2003 la Cámara Federal de La Plata declaró que los crímenes conexos con los de lesa humanidad también son imprescriptibles. Cuando pidió la indagatoria de Soria, el fiscal Franco recordó este fallo de la Cámara Federal.
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