Presentada en Buenos Aires la querella por los crímenes del franquismo

El acoso al juez Garzón
Presentada en Buenos Aires la querella por los crímenes del franquismo
Dos familiares de vícitmas de la dictadura reclaman a la justicia argentina que recabe los datos de los ministros de Franco, dirigentes de Falange y empresas españolas beneficiadas del trabajo forzado de presos
Dos familiares de víctimas y desaparecidos del franquismo, Darío Rivas e Inés García Holgado, y una decena de organizaciones de defensa de los derechos humanos argentinas y españolas (la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de Plaza de Mayo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, y el Comité de Acción Jurídica de la Central Argentina de Trabajadores, entre otras) han presentado hoy en Buenos Aires una querella por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en España desde el 17 de julio de 1936 hasta el 17 de junio de 1977. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, expone en primer lugar los casos particulares de los familiares de Rivas y García Holgado como ejemplo de muchos más y pide a la justicia argentina que intervenga en aplicación del principio de justicia universal.
La querella, número 4591/10, ha quedado depositada en torno a las diez de la mañana (15.00 hora peninsular española) en la Cámara Federal de Buenos Aires y ha correspondido al juzgado número 1, cuya titular es la magistrada Romilda Servini de Cubria. Los firmantes han ofrecido después una conferencia de prensa en la que han estado representadas prácticamente todas las asociaciones de defensa de los derechos humanos y de recuperación de la memoria existentes en Buenos Aires, encabezados por las Abuelas de la Plaza de Mayo y Estela de Carlotto.

El acto se ha convertido, como era previsible, en una manifestación de solidaridad y apoyo al juez español Baltasar Garzón, al que todos los participantes aludieron para expresar su gratitud y reconocimiento. "Alguna vez se ha dicho que las acciones del juez Garzón dañaban la imagen de España en América latina, pero es precisamente lo contrario. Nunca tuvo España mejor imagen en nuestros países que cuando Garzón abrió sus procedimientos contra los dictadores y torturadores de Chile y Argentina. Es ahora cuando esa imagen favorable esta sufriendo, cuando se intenta procesar a Garzón por aplicar tratados internacionales que España suscribe", ha explicado el periodista y presidente del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Horacio Verbitsky.
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presente en el acto, ha apoyado igualmente al juez Garzón y ha exigido que se continuara la investigación sobre los crímenes cometidos durante el franquismo. "No importa que los responsables estén muertos. Lo que importa es la verdad", ha asegurado a EL PAÍS."Toda esta movilización pretende llamar la atención sobre la persecución que esta sufriendo el juez", ha añadido en medio de los aplausos de los asistentes. Uno de los abogados firmantes de la querella, Ricardo Huñis, asegura que ya esta recibiendo muchas llamadas no solo de Argentina, sino de otros lugares del mundo, en las que descendientes de españoles asesinados durante la Guerra y la inmediata posguerra preguntan qué pueden hacer para sumarse a esta iniciativa.

Nombres y domicilios de ex ministros
La querella solicita a la cámara federal de Buenos Aires que recabe "los nombres y último domicilio conocido de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español que desarrollaron sus funciones entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones parlamentarias pluralistas desde 1936, y certificación de los que hayan fallecido". Y que haga lo mismo con "los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores Generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española" del mismo periodo. Entre los nombres y domicilios que piden recabar se encuentran, entre otros, los del presidente fundador del PP, Manuel Fraga.

Los querellantes solicitan un listado con el número de desaparecidos, asesinados y torturados, otro de las fosas halladas en España, un censo de los niños robados a sus familias durante la dictadura y los nombres de "todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas".

La querella recuerda que en España no hay ninguna investigación judicial sobre los crímenes del franquismo -aunque, de haberla, añaden, no inhibiría a los tribunales argentinos- porque "inauditamente", el juez que abrió la causa, Baltasar Garzón, y del que se citan amplios extractos de su auto, se "enfrenta a un proceso ante el Tribunal Supremo, acusado de prevaricación por la Falange Española y otros por interpretar la Ley de Amnistía en conformidad con el art. 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es decir, en el sentido de que la misma no puede amparar la impunidad de crímenes de lesa humanidad".

"El silencio sería consentimiento"

Los abogados argumentan en la querella que la ley de amnistía española "incluye solamente los delitos de intencionalidad política imputados a la resistencia al régimen fascista hasta el 15 de diciembre de 1976" y añade: "Los crímenes internacionales de genocidio o los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura española entre el 17 de julio de 1936 y el 20 de noviembre de 1975 no pueden ser calificados como delitos de intencionalidad política".

Los querellantes citan varios bandos militares del general Queipo de Llano y extractos del propio auto de Garzón por el que se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo para demostrar el plan sistemático de exterminio urdido por Franco, "la destrucción de distintos grupos humanos de la nación española con el objeto de erradicarlos de la sociedad y crear una nueva depurada de los mismos".

La querella solicita a la justicia argentina que actúe en aplicación del principio de jurisdicción universal para evitar la "impunidad" de los graves delitos denunciados. Y recuerdan el alegato inicial del Fiscal Supremo de los Estados Unidos, Robert H. Jackson, en el discurso de apertura del juicio de Nüremberg contra los crímenes del nazismo en 1946: "El trato que un gobierno da a su propio pueblo, normalmente no se considera como asunto que concierne a otros gobiernos o la comunidad internacional de Estados. El maltrato, sin embargo, de alemanes por alemanes durante el nazismo traspasó, como se sabe ahora, en cuanto al número y a las modalidades de crueldad, todo lo que la civilización moderna puede tolerar. Los demás pueblos, si callaran, participarían de estos crímenes, porque el silencio sería consentimiento"
http://www.elpais.com/articulo/espana/Presentada/Buenos/Aires/querella/crimenes/franquismo/elpepuesp/20100414elpepunac_20/Tes