domingo, 28 de septiembre de 2008

MACRI NO HACE NADA CONTRA EL ABUSO SEXUAL DE NIÑOS

TREMENDA NOTA APARECIO EN CLARIN HOY.
LEANLA.CLARO,SON POBRES,¿QUE EL VA A PREOCUPAR?(HIJO DE PUTA)

Un infierno de drogas y chicos abusados, a minutos del Obelisco


En Pompeya hay chicas que se prostituyen a los 11 años para comprar paco. Sus clientes suelen ser camioneros, que les dan 5 pesos. La Policía está en la mira. Y la Justicia, sin recursos, no responde.


Estamos a 40 cuadras del Obelisco, dentro de la Capital, esta ciudad soberbia que se jacta de sus turistas, de su cultura, de tantas cosas. Sólo que estamos del lado equivocado, en el más profundo sur, y alguien ha llamado al 102, el teléfono de las emergencias del Consejo de la Niñez:

-Estoy viendo a una chiquita bajando de un camión. Está llorando y se agarra la cola con la mano.
Estamos en el cruce de las avenidas Amancio Alcorta y Perito Moreno, en Pompeya. La chiquita de la que habla el vecino puede tener once, doce, trece años, pero no lo sabremos nunca porque apenas baja del camión se mete en una casilla del barrio Zabaleta o de la villa 21. Lo que hará ahí adentro ya se sabe: aprovechará los cinco pesos que le dio el camionero a cambio de un rato de sexo y comprará una bolsita de paco, con la que se alejará del mundo durante un par de horas. Hasta la próxima vez.

Esta es la realidad de la "zona Zabaleta", a seis cuadras de la cancha de Huracán, a cuarenta del Obelisco y de los turistas. Un lugar atrapado en una espiral perversa que se sumerge entre la locura del paco, la explotación sexual infantil, las sospechas sobre corrupción o inacción policial, la inoperancia de la justicia y la escasa presencia del gobierno porteño. Así lo reflejan los testimonios de los pocos actores sociales que trabajan en la zona, los de las propias víctimas y una serie de informes del Consejo de la Niñez, el organismo que debe defender los derechos de los niños en la Ciudad y que viene reclamando desde hace años la intervención del Estado en la zona. No es para menos: hasta el año pasado sólo trabajaban en el lugar dos operadores sociales del gobierno. Hoy son apenas cuatro.

Estamos en la "zona Zabaleta", un triángulo de cuatro o cinco manzanas oscuras y abandonadas. Es de noche y lo que se ve no parece posible. Son chicos deambulando bajo ropa sucia y deshecha; andan como sonámbulos con la bolsita de pegamento en la nariz o la bolsita del paco en la mano, se agrupan contra una pared o bajo un árbol o detrás de los cartones de una "ranchería" donde deberán dormir y ocultarse de las lluvias y el frío. Lo que se ve son cuerpos casi fantasmales, a simple vista es imposible adivinar su sexo o su edad. Viven o sobreviven en la calle o en alguno de los barrios marginales de la zona -la villa 21, Zabaleta- donde se agrupan unas 30 mil personas, de las cuales la mitad tiene menos de 12 años.

¿Cuántos son los chicos en situación de riesgo o ya en el pozo? En el gobierno porteño aseguraron a Clarín que está en preparación un estudio profundo sobre este tema, pero por ahora es sólo una intuición, una intuición de varios cientos de chicos, esclavos del paco y el abuso. Ellas empiezan a los once, y los pibes, aunque son menos, arrancan todavía antes, a los ocho o nueve años.
Los primeros informes oficiales que alertaron sobre la zona Zabaleta son de 2005. A partir de 2006, las quejas del Consejo de la Niñez se hicieron constantes. Hay denuncias de los operadores del gobierno porteño y de los asistentes sociales que trabajan en el lugar desde la parroquia de la zona -la Caacupé-, a través de un centro de atención a los adictos al paco. Esos informes hablan de exclusión y pobreza, de falta de futuro, pero también hablan de la policía, que debería ser aliada pero no lo es. "En vez de encargarse de la seguridad, los policías participan directa o indirectamente de la venta de mercancías ilegales y de la explotación sexual...", dice un documento de 2007, del Departamento de Investigación del Consejo de la Niñez.

La historia oral de la zona cuenta que fue a partir del 2002, con la crisis y la devaluación, cuando el paco -un residuo de la producción de cocaína- se instaló en las villas de por ahí. Con una capacidad destructiva y adictiva descomunal, el paco empezó por capturar a los muchísimos chicos que viven en la calle y que fueron siendo más y más. La zona es proclive al vagabundeo y la vida en calle, por su escaso tránsito de autos, las enormes calles solitarias, los galpones abandonados, el sur que nadie ve. Miguel Sorbello fue uno de los primeros asistentes sociales que trabajó en la zona. Hoy es coordinador de programas de la Dirección de Niñez del gobierno porteño, e impulsa una avanzada del Estado en el área (por ahora una promesa), donde ya trabajó junto a la parroquia de Caacupé. Sorbello conoce como pocos la zona y habla de un fenómeno, el de "los chicos en pasillo", que no viven ni en la calle ni en las casitas, sino que se pasan el día en los caminitos de la villa, consumiendo el paco que les venden los "transas" a un peso y medio, esperando que se pase el efecto para salir a buscar más.

En el "buscar más" es cuando entra el mundo exterior, el de los abusadores a los que la zona Zabaleta ha bautizado como "los pitoduro". Las chicas se empiezan a prostituir a los once o doce años. Desesperadas por paco, van a la avenida Amancio Alcorta y encuentran a algún camionero que las levanta, se las lleva a dar una vuelta y les da cinco o, con suerte, diez pesos. Todo a la vista de la policía y a espaldas de la justicia (Ver Yo con mi auto...). "Los varoncitos empiezan antes, a los ocho años, pero tienen otro circuito, los agarran los cirujas", cuenta Sorbello.
Clarín estuvo recorriendo la zona Zabaleta durante cinco noches seguidas y en todas había chiquitas ofreciéndose sobre la avenida Amancio Alcorta, como muestran las imágenes publicadas hoy. En muchos casos se hace difícil adivinar la edad, porque sus cuerpos están a veces atiborrados de paco: adelgazan hasta los huesos, la piel se les quema, van perdiendo formas, finalmente su identidad.

En la Defensoría de Pompeya, durante 2007 atendieron a 13 chicos explotados sexualmente en la zona Zabaleta. Poco en relación a la realidad, aunque mucho más que en cualquier otro punto de la Ciudad. El poco nivel de demanda es hijo de la vieja legislación sobre la niñez, que hasta 1999 (pero en la práctica hasta el 2006) suponía que un chico en condiciones de abandono o víctima de abusos acababa casi siempre "preso" en un instituto de menores. Eso está cambiando y hoy las defensorías de los niños intentan, en lo posible y todavía con muchos defectos, reubicar a los chicos víctimas en otras casas o con otros familiares. Aunque no siempre ocurre. En 2006, los operadores de la ciudad llevaron hasta la Fiscalía de Pompeya el caso de una chica fotografiada mientras era abusada por un camionero. El resultado de ese caso marcó a todos los chicos del lugar: ella pasó seis meses en un instituto de menores y el camionero pasó apenas tres días en la comisaría 32 y luego fue liberado por falta de pruebas.

La prueba, la famosa prueba. Eso piden los fiscales y eso no pueden ofrecerles los operadores ni las víctimas. La única alternativa sería atrapar "in fraganti" a los "pitoduros", pero para eso hace falta la policía. Guillermo Illanes, operador del Consejo de la Niñez, sabe que eso es demasiado difícil: "La policía se hace la boluda e interviene poco o nada". En el barrio se habla de que cobran un peaje a los camioneros para no molestarlos o que no hacen nada porque saben que la prostitución es un eslabón más de la cadena del paco. Hasta el fiscal de Pompeya admite haber hallado policías vinculados al comercio de drogas. Sorbello agrega otro elemento para explicar la inacción: "Yo vi a policías de la Brigada subiendo pibas a un auto". Estamos en zona Zabaleta y lo que vemos, ahora, es a una de las chicas de la noche. "Yo tengo 20. Pero acá empiezan bien de pibitas", cuenta ella, con sus calzas gastadas, el gorrito visera y un presupuesto que habla de la miseria: cinco pesos para una "felatio" y veinte con coito incluido, "la completa". En cinco noches en la zona, Clarín sólo vio a un patrullero el jueves por la noche. Era de la comisaría 32, donde atendieron con amable indiferencia a Clarín, sólo para decir que se cumple con "la función de desalentar" la prostitución y desmentir la participación policial. "Es un problema social", se excusan en la comisaría.

Y lo es, claro, aunque no solamente. La titular del Consejo de la Niñez, Jessica Malegarie, también reclama la acción policial y la judicial, y muestra preocupación, sobre todo, por lo que llama "la naturalización" del "circuito perverso" del que son víctimas los chicos y chicas de la zona Zabaleta. Esa naturalización sólo puede explicarse en las calles casi siempre vacías, avenidas transitadas apenas por camiones, el famoso sur vacío. Es inimaginable este universo en el centro o norte de la ciudad. "Hay que acompañar a los chicos, ayudarlos a revalorar sus cuerpos, a que recuperen su identidad. Y para eso necesitamos más gente en el lugar", se queja Gillermo Illanes. Desde el gobierno hay promesas. Sorbello ha pedido presupuesto para el año que viene poder lanzar una fuerte ofensiva pública en la zona, y en estos momentos se está elaborando un estudio en toda la ciudad sobre las situaciones de explotación sexual infantil.

¿Alcanzará? "No, claro que no, pero será mucho más que lo que se viene haciendo", dice Sorbello. Y la verdad es que se está lejos si se piensa que en la ciudad hay apenas dos hogares dedicados al rescate de los chicos del paco y que sólo un hospital público, el Fernández, tiene cómo desintoxicar a un drogadicto en estado crítico. A apenas 40 cuadras del Obelisco, a cinco minutos de taxi, pero del lado equivocado de la ciudad. Aquí estamos, en la zona Zabaleta. Es cuestión de pararse y esperar. A la tardecita empezarán a circular los chicos y las chicas que nadie ve y que muy pocos quieren ver. La noticia es que existen igual.

viernes, 26 de septiembre de 2008

¿CUAL ES LA DIFERENCIA ?.MENTIRA MEDIATICA

¿CUAL ES LA DIFERENCIA?
Los medios se ensañaron con los cortes de sindicalistas que provocaron la muere de 5 personas despues de un tremendo accidente.
Nadie se acuerda de los mas de 10 muertos por accidentes que se produjo en ese mismo lugar hace meses atras por la humareda que provocaron terroristas ruralistas en ese conflicto que mantuvo con el gobierno.
Los medios no le hecaban la culpa a bussi y de angelis por estas muertes.
Ho en los diarios se los acusa de assesinos a los gremialistas que coraron las rutas antes de la tragedia con 5 victimas fatales.
¿Porque tanto engaño?
Esta mentira se terminara cuando se derogue la ley de radiodifusion de Videla,Masera,Agosti

martes, 23 de septiembre de 2008

"NO SE SI LOS MONTONEROS MATARON A MI PADRE"

En un reportaje a Mañanas Informales con motivo de cumplirse los 35 años del asesinato de Rucci en manos desconocidas,el hijo del gremialista desmintio las versiones fachistas sobre el tragico hecho.
"No se si los montoneros mataron a mi padre" fue su sorprendente afirmacion cuando en varios medios periodisticos y politicos derechsitas dentro y afuera del PJ sostienen incluso esta version yasu vez,repudio a señoras defensoras de genocidas (cecilia pando) que usan la tragedia para fines politicos contra un gobierno con varios funcionarios con pasado "montonero".
En la entrevista se menciono a figuras como Kunkel,Firmenich,Lorenzo Miguel y Jose Lopez Rega como sospechosos del crimen.
La causa puede reabrir bajo la figura de crimenes de lesa humanidad que es imprescriptible y por lo tanto,apto para llevar un juicio como el que se lleva actualmente con los jerarcas de la dictadura de 1976.

En 1976 Rucci hubiera sido desaparecido

Hablando de las señoras que marchan en la plaza defendiendo a los represores,el hijo de Rucci afirmo que su padre hubiera sido un desaparecido un mas por ser un leal defensor de los derechos del trabajador.

martes, 2 de septiembre de 2008

MACRI RACISTA ,MEDIOCRE Y FASCISTA

LO QUE LOS MEDIOS TAPAN:

Evacuados y abandonados

Por el caso de la muerte de un bebé en un centro de evacuados de Parque Roca, el juez Roberto Gallardo convocó al jefe de Gobierno, a su ministro de Salud y al presidente del IVC, entre otros. Indagará sobre la falta de atención médica para 440 familias.


Por Pedro Lipcovich

Uno solo podría probar su inocencia en esta historia, y está muerto. Un juez citó para hoy a funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, empezando por Mauricio Macri, para que informen sobre el fallecimiento de un bebé de cuatro meses, el 13 de agosto pasado, en el “centro de evacuados” donde sobreviven 440 familias que habían perdido todo cuando se quemó Villa Cartón, en febrero de 2007. La madre había tardado una hora en llegar al hospital, porque al “centro de evacuados”, junto al Riachuelo, no llega el transporte público. En diciembre del año pasado, el juez había ordenado al gobierno porteño que designara médicos “durante las 24 horas” en el lugar, pero la medida “no fue cumplida” por el Ejecutivo porteño, según una ONG a la que el juzgado encomendó el monitoreo del fallo. Ya en marzo del año pasado, médicos del Centro de Salud Nº 6 se habían negado a ir “por razones de seguridad”, pese a que otros profesionales se desempeñan habitualmente en el lugar. Los evacuados viven sin servicios públicos ni adecuada recolección de residuos; las viviendas definitivas debían haberse terminado hace casi un año, pero la construcción todavía continúa “a paso de hormiga”.

El bebé, llamado Javier, había sido encontrado “morado” por sus familiares, a las diez de la mañana de aquel día. La madre tardó una hora en llegar al Hospital Piñero, donde el nene murió antes de mediodía. Es que el Centro de Evacuados, en el Parque Roca, junto al Riachuelo, “está lejos de todo; no cuenta con transporte público”, señaló Luciana Bercovich, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), encargada por el juez Roberto Gallardo –a cargo del Juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo– de monitorear el cumplimiento de sus decisiones en el lugar.

En febrero de 2007 se había incendiado la Villa Cartón, bajo la Autopista 7: sus habitantes, habiendo perdido absolutamente todo, fueron primero alojados en carpas municipales; un mes después, tras una tormenta que mató a una de las vecinas, el gobierno porteño los trasladó al “centro de evacuados”, cerca del Riachuelo. Ya en ese momento –durante el mandato de Jorge Telerman como jefe de Gobierno– el juez Gallardo había ordenado que se dispusiera la presencia de un médico clínico y un pediatra en el lugar durante las 24 horas, pero la medida no se cumplió.

Según Oscar Pérez –actual director de la Región Sanitaria Nº 2 de la Ciudad–, ello se debió “a que los profesionales que habían ido al lugar, pertenecientes al Centro de Salud Nº 6, denunciaron agresiones: fueron insultados, les desinflaron un neumático; se negaron a concurrir hasta que no hubiera seguridad, y la Policía Federal no cumplió en garantizarla”.

Bercovich acordó en que “el año pasado un médico manifestó haber recibido una agresión verbal y los profesionales dejaron de ir”, pero contó que “los habitantes del lugar nos protegen a los que vamos a trabajar ahí, incluso a personas de los ministerios de Desarrollo Social y de Educación porteños, que sí están concurriendo; además, hay una guardia permanente con tres agentes de la Policía Federal”.

En diciembre del año pasado, el juez Gallardo reiteró la intimación al gobierno de la ciudad –ya conducido por Mauricio Macri–, pero “la orden judicial nunca fue cumplida”, informa Bercovich. Por tal motivo se registraron presentaciones de la Asesoría Tutelar, de la Defensoría Oficial y de la Defensoría del Pueblo porteñas.

Luego de la muerte del bebé, el juez Gallardo citó a “audiencia de explicaciones”, con “carácter personal e indelegable”, a Mauricio Macri, Jorge Lemus –ministro de Salud porteño–, María Eugenia Vidal –ministra de Desarrollo Social–, Jorge Apelbaum –presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad– y Humberto Schiavoni –titular de la Corporación del Sur–. Estará presente la asesora general tutelar, Laura Musa. Según una fuente judicial, Gallardo podría disponer multas sobre los sueldos de los funcionarios o la “ejecución forzosa” de una salita de atención primaria, con fondos embargados al municipio y la eventual asesoría de la UBA.

Según la fuente judicial, el requerimiento de atención médica las 24 horas “se sustenta en que, al tratarse, ni siquiera de una villa de emergencia sino de un centro de evacuados, alejado de cualquier acceso, la responsabilidad del gobierno de la ciudad es total”.

El hecho es que “en el centro de evacuados se presentan muchos problemas de salud: las viviendas están hechas de paneles precarios, no hay gas, no hay agua caliente, los chicos juegan entre la basura –contó Bercovich–. El centro de evacuados se había planteado como respuesta transitoria. Sus habitantes tienen prioridad para las viviendas que se construyen en Castañares y General Paz, que debían estar finalizadas en septiembre de 2007; hoy no se sabe cuándo estarán terminadas, y la construcción avanza a paso de hormiga”